Creen que Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados requiere una "profunda reforma" porque "está anticuado"
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) --órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España--- considera que ahora no es el momento de incrementar los impuestos en la reforma fiscal que planea abordar el Ejecutivo y creen que convendría plantearse "seriamente" la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio porque en la actualidad ha perdido potencia recaudatoria.
"En estos momentos en que tenemos que salir de una crisis, no parece posible incrementar los impuestos", han remarcado los economistas, a falta de días para que el comité de expertos para la reforma fiscal dé a conocer sus propuestas y conclusiones sobre la modificación del sistema tributario español.
Los economistas creen que la fórmula para dar cumplimiento a las recomendaciones europeas para incrementar la recaudación en España pasan, no por subir los tipos, sino por tratar de revisar determinados incentivos, relacionados principalmente con las deducciones. Además, consideran que este objetivo se podría alcanzar generando actividad económica y facilitando el crecimiento empresarial.
Esta aceleración de la actividad económica que ya se está produciendo, unido a los elevados precios de la energía, ha provocado que las tasas de la inflación se hayan disparado en los últimos meses. Sobre esta cuestión, los economistas creen que deberían modificarse algunos parámetros --como establecer reducciones para rendimientos de trabajo-- si el Índice de Precios al Consumo sigue incrementándose y supone una subida importante de la tributación por esta vía.
Con un calendario "ajustado", los economistas admiten que no es fácil aventurar si se van a poder poner en marcha o no algunas de las medidas fiscales recomendadas por los expertos y aceptadas por el Ejecutivo. En este sentido, y ante un contexto marcado ahora por la inestabilidad parlamentaria tras la crisis del PP, el CGE ha instado a tener "cuidado" con utilizar la figura de real decreto ley para adoptar medidas tributarias, ya que se ha comprobado que en otras ocasiones se ha hecho por este cauce y finalmente ha decaído al no hacerse por la vía legislativa correcta.
En cuanto a la recomendación ya mencionada de abolir Patrimonio, un impuesto que no se aplica en todas las comunidades autónomas, los economistas creen que el impuesto podría transformarse en una declaración informativa, solo para patrimonios que superen un determinado umbral.
Aunque el CGE considera que los impuestos sobre la riqueza, como es Patrimonio, en general son necesarios porque cumplen los objetivos de recaudar y de redistribuir, han alertado de que hay que eliminar la doble o triple tributación que se produce en algunos casos, como en determinados inmuebles, que se gravan por el IBI, por el Impuesto sobre el Patrimonio y por el IRPF.
Sobre Sucesiones y Donaciones, los economistas consideran que es una figura que plantea problemas de competencia fiscal a la baja. Si se decide mantener, el CGE recomienda solucionar los problemas técnicos que tiene, armonizando su normativa hasta llegar a la base liquidable, y dejando capacidad normativa a las comunidades para establecer los tipos impositivos, pero solo dentro de un rango.
En cuanto a otras medidas concretas, los economistas asesores fiscales, a propósito del anteproyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones, entienden que es conveniente incentivar las aportaciones a los planes de empleo de las empresas, estableciendo para los empleadores una deducción en cuota para darle un impulso a esta interesante iniciativa.
Ante una más que polémica posible reforma de la fiscalidad autonómica y local, los economistas no creen que sea necesario modificar las cestas de impuestos asignadas porque ya tienen cedidos tramos de la mayor parte de los impuestos importantes.
El único impuesto troncal no cedido es el Impuesto sobre Sociedades y, en este sentido, creen que no sería recomendable cederlo porque se generarían muchos problemas si se tratase de utilizar para competir fiscalmente entre los territorios.
En opinión de los economistas, habría que mejorar la implicación de las comunidades autónomas en la administración de los impuestos en cuyos rendimientos participan, a través de fórmulas consorciadas, como prevén algunos estatutos. A este respecto, dado que en la gestión tributaria hay importantes economías de escala y alcance, convendría unificarla en manos de una agencia única compartida por Estado y CCAA, que no supondría "trocear" la Agencia Tributaria.
Además, en cuanto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los economistas consideran que debería acometerse una profunda reforma, porque, "claramente, está anticuado" y la modalidad de operaciones societarias es un lastre para el dinamismo empresarial.
Sobre el Impuesto sobre Sociedades, los economistas creen que es perfectamente homologable respecto al vigente en el resto de los países de la UE y los más significativos de la OCDE, aunque consideran que se podría intentar eliminar o paliar los problemas que presenta.
Asimismo, avisan de que establece restricciones a la compensación de pérdidas, limita la deducción de gastos financieros y tiene unos coeficientes de amortización, especialmente los de activos vinculados a la digitalización, que son demasiado conservadores. "Todas estas disfunciones deberían corregirse a medida que se vaya incrementando la recaudación por el aumento de beneficios empresariales", han recomendado los economistas.
Respecto al IVA, los economistas consideran que habría que revisar las exenciones, suprimiendo las que sea posible y ampliar las bases y, en consecuencia, la recaudación.
En segundo lugar, recomiendan chequear el efecto de todos los tipos reducidos y superreducidos para poder eliminar los que no estén beneficiando especialmente a los grupos de personas o sectores económicos a los que la norma pretende beneficiar con ellos, consiguiendo el objetivo de redistribución por vías diferentes a este impuesto que no es el más adecuado para hacerlo. "Sin embargo, decidir qué tipo se eleva es lo difícil", han asumido.
En cuanto a la tributación medioambiental, los economistas creen que existe un margen para incrementarla en España si se compara con la UE. En recaudación ambiental sobre PIB, España está en el 1,8% (2,4% en la UE) y, respecto a los ingresos tributarios y contribuciones sociales, esta fiscalidad representa el 5,5% en España frente al 6,3% de media en la UE.