El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, defiende que el Gobierno autonómico priorizó "la salud como elemento fundamental" en la aparición de un brote de lengua azul en la comarca de Ciudad Rodrigo, por el que obliga a vacunar a unos 370.000 animales.
"Lo que ha hecho la Consejería de Agricultura y Ganadería es actuar conforme a los protocolos establecidos y conformes a las previsiones normativas de ámbito nacional y de la Unión Europea", expuso Carriedo durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.
Igualmente, señaló que la Junta "detectó y actuó con rapidez" para aplicar protocolos, también en explotaciones de poblaciones cercanas para explicar la situación. Carriedo salió al paso así de la protesta protagonizada por ganaderos salmantinos, que cargaron esta semana contra el ejecutivo, en una convocatoria en Ciudad Rodrigo, ante la obligación de vacunar a unos 370.000 animales. Los profesionales consideran que el frío ahuyentará al mosquito vector que causa el mal sin necesidad de vacunar, mientra que la Consejería de Agricultura estima a través de la vacunación en un mes se podrá dar por cerrado este capítulo de lengua azul.
Por otra parte, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) reclamó este jueves a la Junta de Castilla y León establecer un sistema de indemnizaciones en caso de producirse "posibles daños" derivados de la vacunación obligatoria en las explotaciones afectadas por un brote de la enfermedad de la lengua azul en la comarca salmantina de Ciudad Rodrigo, ya que, para la organización "los ganaderos no pueden ser los responsables económicamente ante la situación tan extremadamente complicada por la que atraviesa el sector".
En este sentido, UCCL advirtió de que el protocolo establecido por la Consejería de Agricultura y Ganadería tras la detección del foco podría causar "grandes pérdidas económicas" para los ganaderos de la provincia salmantina, "tanto directa como indirectamente". Eso sí, la organización matizó que no se opone a la vacunación de los animales que se encuentran en las zonas afectadas, ya que coincide con la Junta en que "el principal objetivo es frenar y atajar el brote iniciado", siguiendo el protocolo establecido por el Ministerio de Agricultura.
Sin embargo, subrayaron hoy que la aplicación de dicho protocolo podría suponer "un golpe más" a la economía de los ganaderos de las zonas afectadas, ya que la inmovilización de los animales, principalmente terneros de cebo, supone un sobrecoste adicional a las explotaciones y una paralización de la cadena de producción establecida en las mismas.
En cualquier caso, la organización agraria aseguró que se mantendrá atenta durante el proceso de vacunación, para que en caso de que se produzcan daños en las explotaciones, por "posibles efectos secundarios" que se produzcan en ganado ovino, como abortos, aumento de la mortandad o reducción de la producción, "como ya ocurrió en el año 2011", se acuda a un sistema de compensación por parte de la administración.
