El Gobierno considera que las explicaciones de la Junta de Castilla y León al asegurar que no hay ningún nuevo protocolo sobre el tratamiento de las mujeres que desean abortar supone una "rectificación oficial" de su intención inicial aunque advierte que seguirá vigilante por si finalmente actúa al margen del actual marco normativo y se reserva posibles acciones judiciales.
"A la vista de que el gobierno de la Junta de Castilla y León declara en su escrito que 'no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno' y que 'tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la Comunidad de Castilla y León al respecto, ni por escrito ni verbalmente', el Gobierno considera que el ejecutivo autonómico ha acatado formalmente el requerimiento realizado", remarca el Ejecutivo.
No obstante, trasladará al ejecutivo autonómico que, si pese al acatamiento formal del requerimiento remitido, materializa, por cualquier vía, su intención de actuar al margen del actual marco normativo, el Gobierno de España actuará, como hasta la fecha, en defensa de sus propias competencias y se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas.
La Moncloa destaca que la Junta declara en su escrito que "no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno" y que "tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la Comunidad de Castilla y León al respecto, ni por escrito ni verbalmente".
Sin embargo, el Gobierno de España reiteró su "preocupación" por los anuncios y declaraciones de los máximos responsables de la Junta de Castilla y León, que, en la comparecencia de ayer jueves tras el Consejo de Gobierno, se apuntaba "nuevamente a una voluntad de vulnerar la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo", algo que el Gobierno advierte "en modo alguno va a tolerar ni consentir".
Por ese motivo, el Gobierno, a través del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, remitirá una carta al consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, en la que se le recordará "nuevamente" que resulta contrario a la legalidad vigente y al orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad adopte cualquier medida encaminada a "obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir" a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención, la utilización de cualquier tipo de prueba ecográfica (como la Eco Doppler) fuera de las indicaciones avaladas por la evidencia científica y recogidas en las guías de práctica clínica.
Finalmente, se trasladará en la misiva al Ejecutivo autonómico que, si pese al acatamiento formal del requerimiento remitido, materializa, por cualquier vía, su intención de actuar al margen del actual marco normativo en materia de interrupción voluntaria del embarazo, el Gobierno de España actuará "como hasta la fecha, en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellanas y leonesas". Por ello, asegura que se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas.
