El 13 de junio de 1978, sin la Constitución aprobada, Castilla y León iniciaba un largo camino que desembocaría cinco años más tarde en la autonomía. De la dificultad del proceso habla el hecho de que, pese a ser de las primeras en acceder al estatus preautonómico, fue la última en tener un estatuto. Esa senda estuvo jalonada de debates profundos sobre el ser, la identidad y la conveniencia pero también ofreció anécdotas significativas, como que el 25 de octubre de 1979 el Pleno municipal de la localidad burgalesa de Vilviestre del Pinar quisiera iniciar el proceso autonómico por la vía rápida, reservada a País Vasco y Cataluña, que una cuestión de protocolo sirviera como excusa para sacar a Segovia del proceso o que las campanas de Tordesillas tocaran a gloria cuando los negociadores fijaron allí la capitalidad, luego retirada en el Congreso. He aquí la intrahistoria del proceso, plasmada por la Agencia Ical. La información está obtenida del libro Castilla y León. El proceso autonómico, de Mariano González Clavero; de entrevistas con algunos protagonistas y de las actas del Congreso de los Diputados:
En la I República se especuló con la creación una Federación Castellana (que unía a Castilla-La Vieja y León por un lado y Castilla-la Nueva por otro) y en la II República se planteó la posibilidad de contar con un Estatuto. En 1931, Diario de León publicó un proyecto y en 1936, Misael Bañuelos hizo lo propio en El Norte de Castilla. En todos los casos, se incluía a Santander y Logroño, pero también había fuertes resistencias en León y Logroño.
Villalar acogió sendas manifestaciones en 1976 (400 personas disueltas por la Guardia Civil), 1977 (entre 15.000 y 20.000) y 1978 (más de 200.000). También el 25 de septiembre de 1977, convocados por el PSOE y apoyados por fuerzas tan dispares como el PCE, los carlistas y Falange Española, 25.000 personas salieron a la calle en Burgos tras el lema 'Estatuto de Autonomía para Castilla-León', y en Valladolid, el 5 de marzo de 1978, fueron 75.000. La sede de Fuerza Nueva fue protegida por sacos terreros y sus militantes recibieron la marcha cantando el 'Cara al Sol'. Asimismo, en los años 1978, 1980, 1983 y 1984, se sucedieron sendas manifestaciones a favor de la autonomía leonesa. Se dice que la última congregó a 100.000 personas.
Después de Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia y Andalucía, el proceso preautonómico empieza a andar en Castilla y León el 13 de junio de 1978, aunque el Gobierno retrasó dos meses su aprobación porque el acuerdo era de abril. El primer presidente del Consejo General fue José Manuel Reol Tejada, al que sucedió José Manuel García Verdugo. Pese a ello, Castilla y León fue la última comunidad en acceder a la autonomía.
Logroño y Santander dieron la batalla para constituirse en autonomía uniprovincial, mientras que en León se buscaba no adscribirse a ninguna comunidad ni constituirse como autonomía. En la provincia leonesa, el PCE apostaba decididamente por la unión con Castilla; el PSOE giró hacia la unidad en 1979 y en la UCD no se pronunciaba. Finalmente, La Rioja obtuvo sin problemas la autonomía, en Cantabria se mantuvo la posibilidad se sumarse al proyecto castellano y leonés hasta el último momento (su primer estatuto recogió una disposición para hacerlo) y León quedó adscrita a la Comunidad. El papel de Rodolfo Martín Villa para convencer a los representantes de UCD fue fundamental.
En 1980, las posiciones de PSOE y UCD ya son claramente partidarias de la integración de León en la Comunidad y, además, el partido centrista era hegemónico en la provincia. En apenas nueve días, entre el 16 y el 25 de abril, los diversos ayuntamientos dieron su apoyo a esta unión, que también recibió el respaldo de la Diputación con sólo un voto en contra. El 73,8 por ciento de los ayuntamientos que representaban al 83 por ciento del electorado, votaron a favor y sólo 40 (el 10 diez por ciento del electorado) lo hizo en contra. Sin embargo, en enero de 1983, con la debacle de UCD en las elecciones, la Diputación dejó sin efecto el acuerdo adoptado e impulsaron mociones similares en los ayuntamientos, que no se tuvieron en cuenta y, finalmente, León participó del proceso autonómico desde el principio. En junio de 1983, el Constitucional rechazó un recurso de AP para sacar a esta provincia de la Comunidad, cerrando así la posibilidad de constituir una autonomía uniprovincial. En los últimos años, 55 ayuntamientos de la provincia, entre ellos la capital, y la localidades zamorana de Morales del Rey y salmantina de Serradilla del Arroyo han aprobado mociones en favor de la autonomía para la región leonesa.
Con apenas mil habitantes, el Pleno municipal de la localidad burgalesa de Vilviestre del Pinar, gobernada por el Partido de los Trabajadores de España, fue el primer municipio en solicitar la autonomía para Castilla y León el 25 de octubre de 1979 por la vía del artículo 151 de la Constitución (la utilizada para Cataluña y El País Vasco) y activó la disposición constitucional que daba al resto de los municipios seis meses para pronunciarse sobre la autonomía.
Fue el 15 de octubre de 1979. El presidente de honor de UCD en Segovia, Modesto Fraile, justificó su retirada del Consejo General de Castilla y León (y posteriormente del resto de miembros de su formación en la provincia) en que los parlamentarios burgaleses y el presidente José Manuel Reol Tejada no habían ido a recibirle a su llegada a la reunión del Consejo en Burgos y, además, se había retrasado su celebración. En el fondo, latían las reticencias de estos representantes, más partidarios de una mancomunidad de diputaciones, al proceso autonómico. Finalmente, Segovia fue incorporada a la Comunidad mediante ley orgánica sancionada por el Rey el 1 de marzo de 1983, cuatro días después de la publicación del Estatuto de Autonomía.
Las negociaciones entre UCD y el PSOE se desarrollaron en Tordesillas con proyectos dispares. Los nombres de los negociadores fueron variando: Demetrio Madrid, Jesús Quijano, Gregorio Peces Barba, Ciriaco de Vicente y Juan José Laborda fueron algunos de los socialistas; Rodolfo Martín Villa, José María Martín Oviedo y Salvador Sánchez Terán, entre otros, intervinieron por parte de UCD. El ex presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, entonces catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca, y el actual magistrado del Alto Tribunal Fernando Valdés asesoraron en estas negociaciones. Sin embargo, la redacción concreta de las cuestiones que se iban acordando recayó en Jesús Quijano y Martín Oviedo, que utilizaron el Ayuntamiento de Arévalo como 'oficina' para la redacción concreta del proyecto de Estatuto.
En pleno cierre de las negociaciones con el PSOE, el Comité Regional de UCD aprobó, con los únicos votos en contra de los representantes burgaleses y el respaldo expreso de Martín Villa, que Tordesillas fuera la capital de la Comunidad. "Todo; viene para aquí todo", se felicitaba Ignacio Camuñas, líder centrista vallisoletano. Las campanas de la villa del Tratado repicaron a media noche para saludar la feliz noticia y el alcalde de la localidad, el socialista Elías Pérez Barragán, se fue rápidamente al parador para repartir puros entre los presentes. En Burgos, la noticia cayó como un jarro de agua fría y fue el inicio de un intento, nunca consumado, de separarse de la Comunidad. Finalmente, el acuerdo que llegó a Madrid es que una ley fijaría las sedes de la Comunidad.
El mayor peso de los socialistas en las instituciones, incrementó la proporcionalidad en las disposiciones electorales del Estatuto y rebajó el peso de las diputaciones en la configuración de la Comunidad. En los debates en el Congreso, el representante del Partido Comunista, Horacio Fernández Inguanzo, presentó enmiendas para que el Estatuto obligara al candidato a la Presidencia de la Junta a presentar un programa y someterse a un debate de investidura y el portavoz Alianza Popular, José María Ruiz Gallardón, quiso que los procuradores no estuvieran aforados. Ambas fueron rechazadas.
Casi a punto de concluir el debate, Gabriel Cisneros pide la palabra "por una cuestión de orden, o de estilo, o de tipografía, o de errata" para hacer ver que en el proyecto aprobado se decía castellanos-leoneses, aunque en la Comisión Constitucional se había decidido que fuera castellano-leoneses, "con o sin guión". El presidente de la Cámara, le responde que es una observación "atinada", aunque le recuerda que el nombre de la Comunidad lleva la 'y', es decir, Castilla y León. Pese a ello pregunta a los diputados por el gentilicio y, por asentimiento, se decide que seamos castellanoleoneses. Posteriormente, en sucesivas reformas del Estatuto se quiso insistir en la importancia de la unión y se utiliza la expresión 'castellano y leonés' si bien desde el ámbito académico y la Real Academia se recomienda que se emplee la expresión que fue aprobada por el Congreso.
