En las semanas de protestas de agricultores por la crisis del campo ha quedado patente que la representatividad en los productores agroalimentarios es tan compleja como el sector económico al que representan.
Desde un punto de vista legal, hace casi una década que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la ley de representatividad agraria, la Ley 12/2014 de 9 de julio -que es una "mala ley", según ha asegurado recientemente el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas-, y que aún está pendiente de desarrollar su reglamento.
Hay tres organizaciones profesionales agrarias en el Consejo Asesor, que tiene interlocución directa con el Gobierno: la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
En el contexto de las protestas que desde comienzo del año están recorriendo Europa y la propia España, estas tres organizaciones han planteado un calendario de protestas por España, con unas 40 convocatorias que tendrán este lunes su colofón con una tractorada por el centro de Madrid, en coincidencia con la celebración en Bruselas del consejo de ministros comunitarios del ramo.
A dichas organizaciones, les presentó el ministro Luis Planas las 18 medidas que proponen como plan de choque para mejorar la situación del sector, que llevarán a Bruselas en el citado consejo y que incluyen iniciativas como hacer voluntario el cuaderno digital, cambiar las normas relativas al barbecho o reforzar el control alimentario.
El Gobierno ha defendido la representatividad y la labor de estas organizaciones agrarias; pero este jueves el ministro apuntó en un foro público que si hay que abordar este asunto en esta legislatura, se hará, pero sin generar conflicto.
Unión de Uniones nació de una escisión de una de estas organizaciones agrarias y, entre sus principales reclamaciones, se encuentran las elecciones al campo, con las que espera lograr su capacidad de representación.
Durante las protestas, ha promovido un calendario diferente de movilizaciones, muy enfocado a la gran tractorada de Madrid que se produjo el pasado miércoles, y que con 500 tractores y miles de manifestantes supuso el colapso del centro de Madrid y diferentes altercados con el Cuerpo Nacional de Policía y algunos medios de comunicación.
Tienen representación en algunas comunidades autónomas donde sí ha habido elecciones -Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Extremadura- y su máximo responsable es Luis Cortés, una de las caras visibles en la tractorada de Madrid que incluso resultó herido leve.
Al albur de las movilizaciones en diferentes países, ha nacido la Plataforma 6F, que ha tomado su nombre del día en que arrancó su principal manifestación, el 6 de febrero.
Después de conseguir el apoyo puntual de un colectivo de transportistas y amenazar con bloquear Madrid, su capacidad de convocatoria se ha disipado -declaraciones y comportamientos extemporáneos incluidos- e incluso quien ejercía de portavoz, el abogado Xaime da Pena, ha anunciado su renuncia en el inicio de esta semana.
A ellos se suman los grupos de nueva creación que aseguran no sentirse representados por la grandes organizaciones agrarias, especialmente en contextos provinciales.
