El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha expresado su rechazo a la opa hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell tanto en su "forma" como "en el fondo", por los "efectos lesivos" que puede tener, y ha remarcado que el Gobierno tiene la "última palabra" a la hora de autorizarla.
Así lo ha indicado el ministro durante su participación en el V Foro Internacional Expansión, donde ha insistido en que ahora comienza un proceso que podría durar varios meses y cuyo primer paso es la presentación oficial de la opa hostil por parte del BBVA en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La CNMV debe aceptar dicha operación y, para ello, se requiere el "visto bueno" del Banco Central Europeo (BCE), ha explicado Cuerpo, quien ha agregado que el BBVA también debe notificar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "que va a seguir adelante con esta opa".
Una vez aceptada por parte de la CNMV se irá produciendo este proceso en paralelo al informe y a los análisis que hará la CNMC "con respecto al grado de concentración que implica esta operación", ha dicho el ministro, quien ha hecho hincapié en que la opa "está condicionada" al resultado de dicho informe.
Así, si finalmente la opa se lleva a cabo y "el BBVA adquiere una participación mayoritaria del Banco Sabadell", la decisión final sobre la fusión de ambas entidades "depende del Gobierno".
A modo de resumen, el ministro ha dicho que la opa sigue los pasos que predetermina la normativa, pero que "el Gobierno tiene capacidad de tomar la ultima decisión" al respecto.
Cada uno de los actores que intervienen en este proceso irán analizando la opa "desde el punto de vista de sus competencias", como por ejemplo la estabilidad (en el caso del Banco Central Europeo) o la competencia (en el caso de la CNMC), pero el Gobierno debe tener ese "enfoque completo" y además "valoraciones adicionales de política económica y financiera".
Respecto a los posibles "efectos lesivos" de esta operación, Cuerpo ha citado la volatilidad e inestabilidad adicional en el mercado, la reducción de competencia con efectos negativos para los clientes y en términos de estabilidad y de transmisión de la política financiera.
El ministro ha enumerado otros argumentos para "expresar este rechazo" a la opa, como los costes en empleo y de actividad -especialmente en algunas regiones-, un elemento de cohesión territorial y "un paso atrás en la agenda de inclusión financiera".
Por otra parte, ha apuntado que dicha operación provocaría un incremento en la concentración bancaria y situaría a España en el segundo puesto a nivel europeo en este ámbito.
El 70 % estaría en manos de tres entidades, algo que tiene un impacto por la falta de competencia y ya se ha visto, por ejemplo, "en la ausencia de remuneración de los depósitos bancarios", algo que sí se ha dado en otros países de nuestro entorno.
Antes de esta intervención, Cuerpo ha sido entrevistado en 24 horas, donde ha apostado por un sector financiero "fuerte y solvente", que piense y "tenga en mente" a sus clientes.
