La Audiencia Provincial de Salamanca ha reanudado en la tarde de este lunes el juicio contra el presunto autor de la muerte violenta de una mujer, Yeiss María, en la localidad de Santa Marta de Tormes, que perdió la vida tras ser golpeada y ahogada después en la bañera.
El turno de declaraciones ha sido esta vez para los sanitarios que intentaron reanimar a la mujer. Los médicos de emergencias sanitarias fueron alertados a través de una llamada "al llegar nos encontramos al equipo médico del centro de salud, agentes de la Policía Local y una persona inconsciente. La habían sacado de la bañera, no se podía hacer nada".
"Monitorizamos pero ya no había ningún tipo de actividad cardiaca, no servía de nada la reanimación. La persona estaba ya fallecida". Sobre el único acusado presente en la sala y escuchando desde su silla con la cabeza baja, ha comentado que la fatídica noche "estaba inquieto".
La médico de familia fue la persona que recibió la primer solicitud de socorro, "llamaron en persona a la puerta, salimos y nos dijo que había una persona inconsciente en su casa. Habían estado tomando y se había golpeado la cabeza contra la mesa".
Al llegar "estaba en la bañera, había restos de agua en el fondo. Sacamos a la víctima con su ayuda, aunque ya estaba en parada cardiorrespiratoria. Al realizarle la reanimación empezó a salirle bastante agua de la nariz y la boca", ha relatado sin saber aclarar si los moratones se debían a una brutal paliza, "sólo me centré en reanimarla".
Respecto al comportamiento del hombre, "estaba normal, no me pareció que estuviera intoxicado aunque no sé si estaba o no. Hablaba coherentemente. Me centré en la paciente". Sobre el aspecto de la víctima, la enfermera ha relatado que tenía "hematomas en la cara y los brazos", aunque le ha costado recordar lo ocurrido.
Los hechos que se enjuician podrían ser constitutivos de un delito consumado de asesinato con las circunstancias de alevosía y ensañamiento según aprecia el fiscal, quien añade la circunstancia agravante de desprecio de género del artículo 22.4 del Código Penal, y solicita para el acusado un total de 25 años de cárcel.
