La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha convocado una nueva anualidad de las ayudas al alquiler de viviendas y habitaciones, con un presupuesto inicial de 19,5 millones de euros. No obstante, según recoge la Agencia Ical, las propias bases de la convocatoria, que se publicará el próximo lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León, contemplan ampliarlo con 31 millones más, por lo que el desembolso podría alcanzar los 50,5 millones de euros. La convocatoria anterior, que se resolvió el pasado 6 de junio, benefició a 18.454 familias con escasos recursos económicos, con un montante de 40,6 millones. El plazo para la presentación de las solicitudes se amplía, entre el próximo 2 de diciembre y el 31 de enero de 2025.
Con motivo de la presentación de la convocatoria de ayudas al alquiler del año 2024, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones ha anunciado que se incluye la novedad por el que los solicitantes no tendrán la obligación de aportar el certificado o el volante de empadronamiento, como en los ejercicios anteriores. Por lo tanto, este requisito se sustituirá por una casilla por el que el ciudadano podrá autorizar a la Junta a acceder a los datos de empadronamiento.
Acompañado de los representantes de CEOE y los sindicatos CCOO y UGT, ha subrayado, según recoge la Agencia Ical, el "compromiso" del Gobierno autonómico de otorgar las ayudas a todos aquellos que cumplan los requisitos y los justifiquen. "Somos la única autonomía no foral que conceden ayudas al alquiler de forma universal", ensalzó el consejero.
Los beneficiarios podrán ser personas físicas mayores de edad en la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León que, además, posean unas rentas comprendidas entre 0,5 y 3 veces el IPREM. En el caso de familias numerosas categoría general o víctimas de terrorismo dicho umbral será de 4 veces el IPREM y de 5 veces el IPREM cuando se trate de familias numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33%.
Además, se mantiene el incremento del porcentaje de subvención en 10 puntos para todos los beneficiarios, pasando del 40% al 50% de la renta de alquiler y se mantiene el incremento de dicha cuantía hasta el 60% para los menores de 36 años cualquiera que sea su lugar de residencia y alcanza hasta el 75% si esa residencia radica en el medio rural. Este mismo porcentaje se mantiene en el supuesto de familias que hayan devenido vulnerables sobrevenidas por haberse visto reducidos sus ingresos de 5 a 3 veces el IPREM.
Igualmente, para algunos colectivos especialmente vulnerables como son las familias numerosas de categoría especial, las víctimas del terrorismo y las personas con una discapacidad que alcance el 33% se mantiene el incremento de los ingresos de las unidades de convivencia que pueden solicitar las subvenciones, pasando de 3 hasta 5 veces el IPREM.
También se mantiene el incremento de las cuantías de las rentas máximas mensuales susceptibles de ser subvencionadas. Así, en el caso de alquileres en el medio rural han pasado de 375 euros máximos a 450 y para alquileres en determinadas provincias (Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid) ese máximo ha pasado de 500 a 550 euros. Estos límites se elevan hasta 800 euros para familias numerosas, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Se trata con ello de actualizar los requisitos al incremento de los alquileres del mercado.
Igualmente se consolida el alquiler de habitaciones como objeto de la subvención, manteniéndose el importe máximo de no superar los 150 euros si acontece en un municipio del medio rural y los 200 en el resto de municipios.
Además, Suárez-Quiñones ha criticado que las ayudas gubernamentales del bono de alquiler joven lleguen "tan tarde" y con "tan poco" dinero y ha reclamado la aportación de fondos para gastos de funcionamiento. Suárez-Quiñones ha recordado que ayer se celebró una conferencia sectorial de Vivienda, con un contenido "bastante crítico" con el Gobierno por parte de las Comunidades autónomas, según informa EFE.
"Los fondos del bono de alquiler joven van a llegar en noviembre o diciembre, cuando ha pasado todo el año, y la cuantía del dinero es insuficiente", ha expuesto.
El consejero ha argumentado que el bono de alquiler joven contó en 2022 con una primera aportación de 21,6 millones de euros para llegar a uno de cada cuatro jóvenes y dejar fuera a tres de cada cuatro. Ahora, la nueva aportación es la mitad, 10,9 millones de euros, por lo que a su juicio habría que ampliar esos fondos y que los jóvenes no sufrieran las "frustraciones" que están sufriendo.
Además, Suárez-Quiñones se ha referido a la necesidad de que el Gobierno aporte fondos que gastos de funcionamiento, ya que es necesaria la contratación de personal para la tramitación.
