La Comisión de Movilidad y Transformación Digital de las Cortes acordó este miércoles solicitar la implicación del Gobierno en el desarrollo de la plataforma logística del Puerto Seco de Salamanca con una aportación económica, que se uniría a la del Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación y la Junta de Castilla y León.
La proposición no de ley de UPL, a la que se unió una enmienda del Grupo Popular para que se impulse la infraestructura ferroviaria en la provincia, contó con el voto a favor para su aprobación de PP, Vox y el grupo mixto y con la abstención del Grupo Socialista, que defendió la aportación del Gobierno y los fondos europeos que han llegado a Salamanca.
En la exposición de la propuesta, la leonesista Alicia Gallego subrayó la "gran relevancia" de esta infraestructura para el oeste de la Comunidad, que registra los peores datos, y subrayó que "todo el peso" para el desarrollo de la plataforma logística no puede recaer solo en las instituciones locales y autonómica.
"Llama la atención que no haya una colaboración económica por parte del Gobierno de España para el desarrollo del Puerto Seco de Salamanca, más si se tiene en cuenta su importancia logística no solo para la ciudad y provincia de Salamanca, sino para todo el oeste de España, que es precisamente la zona del país que posee unos datos socioeconómicos más preocupantes", recogió.
El popular Emilio Berzosa se refirió al "apoyo decisivo" de la Junta con la firma de un protocolo en 2021 junto a Ayuntamiento, Diputación y Universidad, lo que no apreció en el Gobierno ante una infraestructura que será "puerta de entrada" de mercancías de Portugal en España. Tras el apoyo a la PNL, planteó una enmienda, aceptada por la ponente, para incluir un segundo punto en el impulso de infraestructuras, como la electrificación de la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro y la reapertura de la Ruta de la Plata.
El socialista Fernando Pablos argumentó la abstención en la falta de "claridad" de la colaboración pedida al Gobierno, se remontó a la firma de un protocolo en 2004 como el origen de este proyecto y señaló los fondos europeos recibidos, con los que interpretó que se podía haber desarrollado esta infraestructura logística. Además, recordó las preguntas formuladas por su grupo para conocer la inversión de la Junta o los empleos que se iban a generar a raíz de la firma del protocolo, sin que hayan obtenido respuestas claras.
La PNL contó con el respaldo del procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que aplaudió la petición de implicar al Gobierno y de colaboración entre administraciones, y de Vox, a través del parlamentario Miguel Suárez, que también incidió en la importancia de este proyecto para Castilla y León y para España, a la vez que ironizó con la aportación que pueda realizar en su "ocupada agenda" el delegado del Corredor Atlántico y expresidente de las Cortes, el salmantino Luis Fuentes.
